En plena pandemia, en octubre de 2020, Manuel Adorni se desempeñaba como comunicador y analista económico. Fue entonces cuando la billetera virtual Lemon lo convocó para dar una videoconferencia titulada "Actualidad económica y criptomonedas". El clip, disponible aún en el canal de YouTube de la plataforma, cobró una dimensión inesperada esta semana, cuando el ahora jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada rectificativa, en la que intentó explicar el origen de más de medio millón de dólares que no figuraban en sus presentaciones anteriores.

En aquel video, Adorni explicaba el funcionamiento del bitcoin con entusiasmo didáctico. "El Bitcoin llegó a valer 40 mil dólares en 2020, acumulando un 330% de suba", señalaba, y describía la moneda en términos que hoy resuenan de otra manera: "Es una moneda virtual, no tiene papel, pero sí la podemos tener en una billetera virtual, en una nube, en internet. Es anónima, y los estados no pueden seguirle los movimientos". Una definición que, en el contexto de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, adquiere un peso particular.

Esa misma semana, al salir a dar explicaciones en una entrevista televisiva, Adorni sostuvo que había comenzado a invertir "fuerte" en bitcoin desde 2014. Sin embargo, en la videoconferencia de 2020, él mismo describió su primer contacto con las criptomonedas como algo que ocurrió "cinco o seis años atrás" y precisó que en ese momento el precio del Bitcoin rondaba los 6.000 dólares. La primera vez que la cotización tocó ese valor fue el 28 de octubre de 2017, lo que contradice frontalmente la línea temporal que el funcionario intentó instalar.

La declaración jurada rectificativa que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA incorpora, por primera vez, activos por un total de USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018 a través de ocho billeteras virtuales distintas. Según la versión oficial, la inversión inicial fue de 200.000 dólares y las ganancias acumuladas en ese período habrían llegado a los 300.000 dólares adicionales. Esos fondos —que habían permanecido fuera del radar fiscal y patrimonial— constituirían el origen del dinero utilizado para comprar una casa en el country Indio Cuá, refaccionarla y adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito, todo durante 2025.

La presentación se produjo en medio de investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Adorni reconoció ante las cámaras que "ahorramos en negro, como todos los argentinos", mientras sus colaboradores admitían que las declaraciones juradas anteriores habían tenido "desprolijidades". La pregunta que quedó abierta es si el bitcoin —anónimo, inrastreable para los estados, según lo describía el propio Adorni en 2020— fue una inversión o una coartada.