El desastre del Hospital Garrahan se fue gestando casi desde el comienzo mismo del gobierno encabezado por Javier Milei. Y no es otra cosa más que el símbolo de la avanzada de la actual administración nacional contra la salud pública. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 renunciaron en el Garrahan más de 200 profesionales, cifra que incluye al menos 50 médicos de planta y a 20 residentes. Mientras tanto, las consultas durante el mismo período superaron las 600.000, un 40 por ciento de las cuales correspondieron a tratamientos oncológicos.

Un residente del Garrahan cobra un sueldo mensual de 797.000 pesos, pese a que trabaja entre 60 y 70 horas semanales, incluyendo seis guardias mensuales, entre diarias y de fines de semana.

Además, están los becarios, que suman más de 200 profesionales, desde bioquímicos hasta biotecnólogos y médicos que trabajan ocho horas diarias junto a los médicos de planta, con hasta ocho guardias, y hacen investigación. “Asumimos funciones críticas pero no somos reconocidos como miembros del hospital –resumió Victoria González, médica pediatra que fue a Diputados a informar sobre la situación–. No recibimos el último aumento del 15 por ciento otorgado al personal. Nuestro salario, que es considerado un estipendio, sufrió una pérdida del 50 por ciento en el último año y no tenemos derechos laborales. Aproximadamente el 10 por ciento de los becarios totales renunciaron. Les traje mi recibo de sueldo, aunque me da vergüenza que un profesional que se formó durante 15 años tenga que mostrar lo que cobra”. Los honorarios varían, pero, por ejemplo, un pediatra recibido que atiende pacientes complejos, y que a veces en una guardia recibe a niños al borde de la muerte, cobra 6.600 pesos la hora.

Mar de fondo. Como centro pediátrico de alta complejidad, referencia de la Argentina y de América Latina, a finales del año 2023 tenía un déficit operativo de 31.000 millones de pesos. Cuando los aumentos salariales fueron perdiendo fuerza ante la inflación, en agosto y septiembre de 2024 comenzaron las protestas y medidas de los trabajadores de la salud del Garrahan.

El ex Consejo de Administración del Hospital decidió otorgar un bono de 500.000 pesos para paliar, por una única vez, esa brecha que empezaba a agigantarse. Pero el recién asumido ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, decidió desplazar a los cinco miembros del órgano responsable de administrar el Hospital debido a la entrega de ese bono.

A partir de ese punto de quiebre la situación no dejó de empeorar. Los salarios no aumentaron, Lugones implementó una serie de recortes administrativos y nuevas medidas que aumentaron los ingresos de facturación del Garrahan, pero no una recuperación salarial de médicos y trabajadores en general. Comenzó el vaciamiento de profesionales por goteo: cada mes, de a poco, los médicos renunciaban.

Desde el Ministerio de Salud se anunció un plan para “mejorar la facturación” de la institución, ofreciendo módulos a cobrar al sector privado, entre otras acciones. Y “la decisión de no incorporar nuevos cargos”. La contracara: vacantes que quedaron sin cubrir y sobrecarga laboral sobre quienes siguieron trabajando en el hospital, incluyendo el cuasi cierre de áreas vitales para los pacientes, que llegan al Garrahan provenientes de todo el país, e incluso de otras naciones vecinas.

El Ministerio de Salud anunció en enero de este año que el hospital había alcanzado el equilibrio financiero. En enero, el organismo nacional argumentaba haber implementado “una estrategia tendiente a aumentar las cobranzas por prestaciones que ha empezado a dar resultados: se consolidaron reservas de aproximadamente 2.000 millones de pesos mensuales, lo que garantizó el cumplimiento de las obligaciones de pago”. Nada se dijo de los salarios de los médicos de planta, de los residentes, de los enfermeros, de los técnicos y de los demás trabajadores del hospital. Tampoco de las vacancias y del vaciamiento profesional.

Tras anunciar un aumento salarial que llevaría el salario de los residentes a 1.300.000 mediante la implementación de un bono (aunque al cierre de esta edición no había habido reuniones oficiales que lo formalizaran), en el mismo comunicado se afirma que “muchos hospitales públicos –incluido el Garrahan– fueron utilizados como plataforma de militancia”, y hasta se llegó a amenazar a los residentes con despidos inmediatos.

Los médicos desistieron de las medidas de fuerza que iban a continuar el jueves 6 con un paro –al que el resto del personal sí se plegó–, luego de una marcha de velas y de sumarse a la manifestación de los jubilados de los miércoles.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan se pronunció en contra del anuncio del Ministerio de Salud. En un comunicado, repudiaron "los términos violentos y persecutorios" del mensaje. "Solicitamos que pongan fin a las difamaciones y maniobras que intentan distorsionar la naturaleza del reclamo –expresaron–. No aceptaremos ningún tipo de persecución política". Y comenzaron un paro desde la noche del miércoles 4 y hasta el viernes 6. ATE declaró una jornada de lucha de la salud en todo el país para el jueves, denunciando la falta de respuestas concretas. La salud pública en terapia intensiva.