El crimen de Agostina Vega se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de los últimos años en la provincia de Córdoba. La adolescente de 14 años había desaparecido el 23 de mayo, después de salir de su vivienda en barrio General Mosconi con un remis, y durante una semana fue intensamente buscada por familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. La investigación tomó un giro decisivo cuando las cámaras de seguridad y distintas pericias ubicaron a la menor en contacto con Claudio Barrelier, una ex pareja de su madre, quien terminó siendo el único detenido e imputado en la causa.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien sostuvo desde el inicio que Barrelier era la última persona que había visto con vida a la menor. Las imágenes de cámaras de vigilancia mostraron a la adolescente ingresando a la vivienda del sospechoso en barrio Cofico. Inicialmente, el acusado negó cualquier encuentro con la joven e incluso su defensa afirmó que la persona registrada en los videos podía ser su propia hija. Sin embargo, con el avance de la investigación y el peso de las pruebas, el acusado modificó su relato y terminó reconociendo que la joven había estado en su domicilio. 

Este fin de semana, los rastrillajes realizados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra permitieron hallar restos humanos que  fueron vinculados a la adolescente desaparecida. Ademas de Barrelier, en el expediente están involucrados personas de su entorno  que fueron incorporadas a la investigación por el préstamo de vehículos, comunicaciones telefónicas y movimientos sospechosos registrados durante los días posteriores a la desaparición. La fiscalía tampoco descarta ampliar imputaciones si surgen elementos que indiquen colaboración o encubrimiento.

El legajo del acusado tenía antecedentes policiales por una causa de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género y había recuperado la libertad meses antes. Sobre esto último, un aspecto repercutió en los medios cuando se dio a conocer que  Barrelier es empleado de la Municipalidad de Córdoba y tenía participación en estructuras políticas vinculadas al peronismo local. De hecho, el padrino de militancia en el movimiento justicialista es el concejal y abogado Ricardo Moreno. Este hecho provocó fuertes cuestionamientos sobre los controles judiciales y, también, del municipio por permitir que empleado continuara desempeñando actividades públicas pese a sus antecedentes penales.

En un principio, el nombre de Moreno apareció porque quien ofició de abogado defensor del principal acusado al principio de la causa fue Jorge Sánchez del Bianco,  yerno del concejal cordobés. En ese aspecto, diversos sectores opositores reclamaron explicaciones públicas luego de que trascendieran grabaciones y declaraciones vinculadas a la incorporación laboral de Barrelier dentro de estructuras municipales. Incluso se anunciaron pedidos políticos para investigar responsabilidades y promover sanciones institucionales. 

"Todo esto es publicidad. Profesionalmente a mí me sirve un montón. Me conocen más de lo que me conocen y bueno, esto me tiene siempre en la boca de cada uno de los clientes futuros que van a venir a mi estudio", se escuchó en un audio atribuido a Ricardo Moreno, que fue filtrado en las redes sociales y los medios. "Hice entrar a laburar un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedentes penales alguno y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo yo? Así como hice entrar a 500 a la administración pública, y bueno, de 500 uno, está dentro de las reglas del juego, hermano", confesó.

 El vinculo entre Moreno y el presunto femicida, sin embargo, tuvo como punto de inflexión con lo sucedido en mayo de 2025. De acuerdo con la investigación judicial, Barrelier fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada luego de que una joven de 20 años denunciara que había sido retenida contra su voluntad dentro de la vivienda de la calle Del Campillo 878, en barrio Cofico, el mismo domicilio que un año más tarde quedaría vinculado a la causa por el femicidio de Vega. 

Según la denuncia, el acusado la llevó hasta el lugar con distintos pretextos y, una vez dentro de la casa, la amenazó con un arma, le quitó el teléfono celular y la obligó a permanecer en una habitación. La víctima declaró posteriormente que fue atada de pies y manos con cinta adhesiva y que logró escapar semidesnuda para pedir auxilio a los vecinos de la zona. El episodio fue advertido por comerciantes y vecinos del barrio, quienes asistieron a la joven cuando salió corriendo de la vivienda. La denuncia derivó en la detención de Barrelier y en una causa que incluyó acusaciones por privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones.

 Sin embargo, el imputado permaneció detenido solamente 20 días. Luego recuperó la libertad tras el pago de una fianza y bajo una serie de condiciones impuestas por la fiscalía, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. Durante ese proceso fue defendido por el mismo Ricardo Moreno. Hasta el momento, no existe, por ahora, una imputación judicial contra el concejal justicialista dentro de la causa, pero las presuntas conexiones políticas profundizaron el impacto público del caso.