Las malas noticias para el equipo económico no fueron sorpresivas, pero aceleraron los tiempos. A la medición del IPC de febrero, que arrojó 6,6% y 102,5% interanual se sumó la cifra de la canasta básica alimentaria que dio 11,7%. Las proyecciones para el mes de marzo con un piso del 7%, habida cuenta que estacionalmente se producen aumentos en precios que tienen más incidencia en la canasta familiar. La carne, por ejemplo, ya subió 45% en el primer bimestre del año, por la alteración del ciclo ganadero que forzó la liquidación de vientres durante la segunda mitad de 2022 y logró que su precio creciera casi la mitad que el promedio anual (94,5%).

El futuro. Las perspectivas no son las mejores en este campo. La carne no será la única variable rebelde. Con el hundimiento de la ilusión de llegar al segundo trimestre con una inflación del 3 o 4% mensual que sustentaba la referencia del 60% anual que incluía el presupuesto se derribaron las últimas defensas para que la economía en su conjunto ingrese en una dinámica indexatoria más fuerte. Argentina tiene una viva memoria inflacionaria y la persistencia de los últimos 15 años con tasas de dos dígitos anuales y transitar por la de tres dígitos como piso para 2023 resucita los mecanismos de autodefensa. JP Morgan & Chase pronosticó que, con estos nuevos reacomodamientos, la inflación será de 115% para este año.

En primer lugar, la demorada segmentación tarifaria para actualizar las tarifas terminará impactando más tarde pero menos oportunamente que lo pensado. La cuenta fiscal en rojo por los subsidios del sistema de energía (2% del PBI para el año pasado a lo que habría que sumar casi 1% más en el sistema de transporte). La decisión de no dejar que se sigan atrasando servicios tan básicos como el colectivo urbano, muestra que el margen para flexibilizar también se diluyó.

El reciente apagón y el conflicto alrededor de los cortes de luz que rápidamente pusieron a Edesur en la mira (llegó a tener casi el 80% de los hogares damnificados) desnudó la precariedad y el cortoplacismo con que se manejó en los últimos 20 años en la ecuación tarifas-costos. La región del AMBA es el principal bastión electoral oficialista que contiene al 40% del padrón electoral y su tarifa, según un estudio del Observatorio de tarifas y subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, muestra que, en febrero, la tarifa de Edenor y Edesur era casi la mitad que el promedio nacional, cuando todos compran la energía a CAMMESA al mismo precio.

La caja seca. El clima tampoco se apiadó con las ambiciones del exsuperministro. Por tercer año consecutivo, La Niña se abatió sobre la producción agropecuaria pero esta vez, a diferencia del año pasado, la combinación de una merma de la producción de casi un tercio y precios que no tuvieron el pico del efecto de la guerra en Ucrania de la campaña pasada. El cálculo de cuánto será la pérdida fue agravándose a medida que la sequía asolaba los campos de la zona núcleo, la más castigada. La consultora EcoGo calcula que la merma de ingresos de divisas será de US$25.000 millones, casi el doble que lo que el mercado estimaba al inicio del verano. La debacle externa es tal que si Argentina dejar de pagar al Fondo lo mínimo asegurado, nada cambiaría. Por ejemplo, en la recorrida habitual para rascar el fondo de la olla, esta semana se anunció la concesión de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$285 millones. Duró poco: el economista Fernando Marull señaló con ironía que ni bien “llegaron” se fueron con las ventas que realizó el Banco Central al día siguiente. En lo que va de 2023, las reservas del Banco Central cayeron US$7.000 millones, lo que explica la peregrinación financiera de los miembros del equipo económico.

La caída. La última medida encarada por Sergio Massa fue la de intervenir directamente en el mercado de bonos dolarizados para ponerle techo a la incipiente suba de los dólares financieros. Para ello eligió administrar bajo un único comando unificado las operaciones de los bonos nominados en dólares del propio Estado Nacional en las carteras de los organismos descentralizados, lo que en la jerga se denominaba “deuda interestatal”.

Pero el principal tenedor de este tipo de bonos es nada menos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. En total, se calcula que casi un centenar de organismos tienen US$35.000 millones que ahora podría servir para contener la corriente alcista del dólar sin emitir dinero y su consecuente impacto inflacionario. “El Estado, sin usar reservas del BCRA, seguirá rescatando y deslistando bonos globales, reduciendo deuda externa”, argumentaba un tuitero Gabriel Rubinstein, devenido en vocero de la estrategia oficial. Algunos ven esta maniobra como la bala de plata para intentar postergar una devaluación y el temor a un salto cambiario desatando una tormenta inflacionaria.

Salariazo para pocos. La variable más sensible fue la primera en desobedecer la sugerencia de establecer pautas de aumentos del 60% en las paritarias. A medida que van venciendo, los acuerdos en los gremios del sector privado más poderosos van cerrando con cláusulas gatillo para camuflar el verdadero aumento. Sobre todo, van incluyendo actualizaciones más frecuentes propias en una inflación que ronda el 20% trimestral, casualmente el porcentaje que acordó la Unión Obrera Metalúrgica. La Asociación Bancaria, que dirige el diputado oficialista Sergio Palazzo, innovó: consiguió un 32,5% para los primeros cinco meses del año (5,8% mensual) más un pago extraordinario de $450.000 para afrontar el pago de Ganancias.

Los gremios estatales, por su parte, también están atentos a esta evolución y es muy difícil que un gobierno en su recta final tenga la fuerza para afrontar un conflicto con sus servidores públicos. Los sindicalistas llevan décadas frente a sus organizaciones y saben que su fidelidad la tienen con su base de sustento, sus afiliados.

Así, la carrera precios-salarios sólo se acelerará, pero es difícil que exista un ganador nato en la mayoría de los sectores bajo convenio. En cambio, el ajuste caerá sobre quienes no tienen herramientas para protegerse de la lentitud de los ajustes previstos: informales y cuentapropistas.

Sin embargo, el último eslabón de esta cadena que no está roto es el del empleo: a los bajos salarios (se calcula que en promedio, el poder adquisitivo promedio cayó 20% en el último quinquenio y 35% para los informales) que logran que la desocupación (8 % para el Gran Buenos Aires en 2022) no sea por ahora una variable de ajuste. Pero esta cifra esconde una situación que se agravó: la baja tasa de participación laboral. Para Jorge Colina, economista de IDESA, se debe a tres motivos: la escasez de empleos disponibles, la falta de capacidad para el empleo y la baja remuneración de los empleos disponibles “Estas tres dimensiones son las que deben guiar la agenda de la política laboral”, concluye.

El laberinto de la economía argentina no se complicó sino que un factor externo (la sequía) desnudó como pocas veces su falencia estructural. Como para reforzar que, si una buena cosecha nos salva, una mala nos puede hundir.