El Gobierno y las universidades firmarán entre hoy y mañana un acuerdo que permitiría destrabar el conflicto por más fondos para las casas de estudios superiores nacionales.

La intención es que de la rúbrica del documento participen, además del gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes.

Como publicó LA NACION, el Gobierno y los rectores universitarios tenían voluntad de avanzar en una solución para el conflicto durante la semana. Las conversaciones, en rigor, empezaron hace dos semanas. La Subsecretaría de Políticas Universitarias mejoró su propuesta inicial y, para el encuentro de la semana pasada, estaba sobre la mesa un incremento salarial cercano al 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según pudo saber este medio.

A esto se agregarían $50.000 millones para los hospitales universitarios, que no están contemplados en el presupuesto 2026. Este monto se sumaría a los $80.000 millones ya contemplados para estos centros de salud, cuya distribución vienen reclamando. A la vez, ofrecieron un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, que se mantienen congeladas en $81.685 desde el año 2024.

Según coincidieron fuentes que participan de la negociación, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sector universitario. “Si empiezan a pagarlo en junio, logran cubrir esta oferta”, dijo una fuente universitaria al tanto de los cálculos.

Con esa oferta llegaron a la reunión del lunes pasado los enviados de la administración de Javier Milei. Por parte del Gobierno, asistió Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales. En representación de las casas de estudios superiores, participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Rio Negro.

Se trata de una propuesta mejor que la que la administración libertaria había plasmado en la ley alternativa que presentó en el Congreso, pero que nunca avanzó. Allí proponían una actualización salarial del 12,3% en tres tramos – 4,1% en marzo, julio y septiembre– sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. La diferencia con la norma aprobada e insistida por el Parlamento es que no contempla la pérdida acumulada por la inflación desde diciembre de 2023.

Aunque desde ambos lados remarcan la voluntad de diálogo, al término del encuentro de este lunes la negociación está estancada. Como se dijo, el Gobierno pide que el Consejo Interuniversitario Nacional levante la demanda judicial que derivó en una cautelar favorable, dos veces ratificada. Luego de que el Ejecutivo presentara un recurso federal extraordinario que fue aceptado, la cautelar quedó suspendida y ahora debe definir la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo específico para expedirse.

Desde el CIN, pudo saber LA NACION, no estarían dispuestos a desistir del reclamo judicial. Ofrecieron presentar un acta para informarle a la Justicia que “están avanzando en un acuerdo”, pero sin retirar la demanda por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “No estamos dispuestos a renunciar a la ley”, remarcan.

“No hay margen para eso. Valoramos la buena voluntad, pero necesitamos un resguardo”, dijeron fuentes universitarias. Destacan que los sindicatos docentes y no docentes universitarios también conocen la propuesta oficial y están hasta el momento dispuestos a firmar.

“Habrá que seguir conversando y ver cómo evolucionan las próximas horas. Lo importante es mantener abiertos los canales de diálogo sin renunciar a las herramientas institucionales que nos llevaron hasta aquí”, sumó otra fuente al tanto de las negociaciones.

Desde el Gobierno, en tanto, entienden que la ley es ilegal. Como han dicho en varias ocasiones durante el conflicto universitario, consideran que la norma aprobada por el Congreso viola la ley de administración financiera que señala que las leyes deben indicar la fuente de financiamiento. En caso de que los fondos no esten especificados, marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto.

Siguiendo esta línea, marcan entonces que los abogados del Estado y los del CIN “están analizando la forma legal” para poder avanzar en el acuerdo. Siempre a partir de la suspensión de la demanda impulsada por los rectores. “Todo esto que ofrecemos es para que retiren la demanda”, apuntó una fuente al tanto de las conversaciones, pero desde el CIN aseguran que “no hay margen para eso”. En caso de que no encuentren la manera, la negociación podría frustarse.

La semana pasada, como parte de la presión a la Corte para una pronta resolución del expediente, la Universidad de Buenos Aires organizó clases públicas frente a la sede del máximo tribunal. Para darle visbilidad al conflicto, también los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos.