En las últimas semanas, el Gobierno anunció entre conferencias de prensa y mensajes en redes sociales el inicio de una nueva etapa de su plan económico. En sus palabras, esta segunda etapa buscaría terminar con las diferentes fuentes de emisión monetaria existentes: los pasivos remunerados y la compra de divisas. Para lo primero se crearon las  Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) -reemplazando deuda del Banco Central por deuda del Tesoro- y para lo segundo, anunciaron que venderán dólares en el mercado paralelo para absorber los pesos emitidos por compra.

Ello fue respuesta a una situación financiera crecientemente compleja donde los dólares paralelos habían empezado a crecer -elevando la brecha hasta el 50%- y el riesgo país comenzaba a escalar. Desde entonces la brecha se redujo un poco (al entorno del 35%) pero el riesgo país continuó aumentando, una muestra de que la política anunciada tiene impactos de corto plazo pero complica aún más la dinámica futura. 

¿Eran estos anuncios y políticas lo necesario en este momento? Claramente no.

Volvamos al comienzo del plan y su desarrollo para entender qué es lo que se necesita. Ante una situación macroeconómica muy difícil se decidió por un plan de ajuste tradicional con los resultados tradicionales: una enorme devaluación, contracción del gasto, liberación de precios y aumento de tarifas, sin coordinación ni compensaciones. Este set de políticas conducen a una aceleración de la inflación y una recesión importante. La falta de compensaciones y coordinación implica una inflación y una caída del producto de corto más alta y mayores dificultades para cortar la inercia inflacionaria y reactivar la economía. 

En los meses siguientes, la inflación corrió muy por encima de la depreciación pautada del dólar (2% mensual) por lo que el tipo de cambio se apreció aceleradamente y volvió a niveles que teníamos previo a la devaluación de Sergio Massa tras las PASO de 2023. Este es un nivel que genera problemas: reticencia exportadora, mayores gastos (turismo y servicios) y presiones cambiarias a través de la brecha con los paralelos. Y allí está el origen de las "turbulencias" de estas semanas: la devaluación pautada no es sostenible, ya no se acumulan reservas -el mes de junio y julio cerró en negativo- y las netas son nulas -y caerán con los pagos pendientes-.

Ahora bien, cuando se estaba llegando a ese punto en lugar de reformular se decidió profundizar: se reafirmó la senda de depreciación y postergaron aumento de tarifas para forzar una baja de inflación. Peor aún, las medidas anunciadas estas semanas se vinculan al "lado pesos" de los problemas macroeconómicos argentinos cuando las dudas se ubican crecientemente del "lado dólares" de la consistencia del programa: ¿cuáles van a ser las reservas del Banco Central en un segundo semestre estacionalmente adverso, con un 20% de las exportaciones yendo al CCL por el "blend" y ahora vendiendo en el paralelo al menos parte de lo que se pueda adquirir? 

Esta fijación con la emisión -y olvido de la acumulación de reservas- implica una visión muy parcial del problema central que enfrenta la economía argentina: su sector externo. El cepo es un emergente de ese problema que es necesario flexibilizar para poder avanzar a una normalización de la economía y finalmente su estabilización duradera. Asimismo, como señalamos, la falta de acumulación de reservas es peligroso para la capacidad de enfrentar los servicios de la deuda externa el año que viene donde las reservas internacionales juegan un rol clave en la reducción del riesgo país.

En otras palabras, a casi 8 meses de Gobierno estamos en una economía más pequeña en la que recién se está empezando a ver los efectos laborales de las políticas implementadas, con una pobreza superior al 50% por la magnitud de la devaluación inicial sin compensaciones y con un nivel del tipo de cambio oficial apreciado. En otras palabras, un costo social altísimo y con la variable clave para flexibilizar el cepo a un nivel que no es compatible con la construcción de esas condiciones de salida. 

En este sentido, la "etapa 2" del Gobierno debería ser dirigida a resolver los problemas generados por la apreciación cambiaria porque cualquier demora implica la necesidad de una corrección cambiaria mayor a futuro y al momento de aplicarse una aceleración inflacionaria y mayor recesión. 

El planteo de que se puede seguir apreciando el tipo de cambio real durante un año no hace más que alimentar esas tensiones. El rediseño requiere modificaciones a la tasa de devaluación fija, eliminación del "blend" y abandonar la idea de esterilizar la emisión por compra de reservas. 

Ese reacomodamiento deberá ser acompañado de políticas para reactivar la economía -recuperación del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones y reinicio de la obra pública-, cuestión completamente ausente hasta aquí. La presentación de una hoja de ruta, así como la definición de cuál es el esquema objetivo (dolarización o competencia de monedas y sus características finas) son también necesarias.

No haber visto que las medidas tomadas eran necesariamente transitorias e incompletas para funcionar como plan de estabilización llevaron a sostenerlo durante más tiempo del que era productivo en sus propios términos. 

Sin un rediseño y focalización en la acumulación de reservas, crece la posibilidad de una reedición de la salida del cepo de 2015 en un contexto muy diferente, que termine en una crisis aún peor y la reinstalación del cepo un tiempo después. 

Los nombres se repiten y las declaraciones también. Esperemos que hayan aprendido alguna lección en sus pasos previos por la gestión para no estar condenados a repetir la historia.