La Corte Penal Internacional emitió una órden de arresto contra Vladimir Putin por sus acciones en Ucrania

La órden de arresto fue emitida contra Putin y Maria Lvova-Belova, la Comisionada de Rusia para los Derechos de los Niños, bajo cargos de “deportación ilegal de personas, en particular niños”, por su traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia.

La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra la Comisionada rusa para los Derechos de los Niños, Maria Lvova-Belova.

Ambos están acusados de ser responsables del crimen de guerra de “deportación ilegal de personas, en particular niños, y su traslado ilegal de las zonas ocupadas“, en referencia a las zonas que controla Rusia desde la invasión de la guerra en de Ucrania.

“Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8 2) a) vii) y 8 2) b) viii) del Estatuto de Roma). Los crímenes se cometieron presuntamente en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022″, lee el comunicado.

La Corte cree que hay motivos razonables para inferir que Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos por:

Por su parte, el comunicado también implica a la que se cree responsable de llevar a cabo estas operaciones en territorio ucraniano. “Maria Alekseyevna Lvova-Belova, nacida el 25 de octubre de 1984, Comisaria para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8 2) a) vii) y 8 2) b) viii) del Estatuto de Roma). Los crímenes se cometieron presuntamente en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022″, agrega.

Existen motivos razonables para creer que Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de terceros (artículo 25, apartado 3, letra a), del Estatuto de Roma).

Los jueces de la CPI consideraron sobre la base de las solicitudes que presentó la Fiscalía el pasado 22 de febrero, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia, en perjuicio de los niños ucranianos. Y, más importante, la Corte cree que la evidencia es tal, que su arresto preventivo es necesario.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que los responsables de presuntos crímenes deben rendir cuentas y que los niños deben ser devueltos a sus familias y comunidades. “No podemos permitir que los niños sean tratados como si fueran el botín de guerra“, señaló.

Y agregó que “los incidentes identificados por mi Oficina incluyen la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil. Muchos de estos niños, afirmamos, han sido dados en adopción en la Federación de Rusia“.

“Mi Oficina alega que estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país“, remarcó. “En el momento de estas deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas por la Cuarta Convención de Ginebra“.

Rusia, que niega haber cometido atrocidades desde que invadió Ucrania en febrero del año pasado, rechazó la medida de la CPI, calificándola de nula y sin efecto. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde un punto de vista legal”,  dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en su canal de Telegram.

“Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud de él“, remarcó. Ante ello, el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, dijo a Al Jazeera que era “completamente irrelevante” que Rusia no hubiera ratificado el Estatuto de Roma.

“De acuerdo con el estatuto de la CPI, que tiene 123 Estados parte, dos tercios de toda la comunidad internacional, la Corte tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de un estado parte o un estado que ha aceptado su jurisdicción“, dijo.

Aunque Rusia y Ucrania no son estados miembros de la CPI, y Moscú ha dicho repetidamente que no reconoce su jurisdicción, una remisión a la CPI en 2015 por parte de Ucrania otorga a la corte jurisdicción sobre crímenes de guerra cometidos en su territorio, incluso si son cometidos por ciudadanos rusos o de otros estados no miembros.

“Ucrania ha aceptado la CPI dos veces, en 2014 y luego en 2015“, señaló Hofmanski.  “El tribunal tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos contra cualquier persona en el territorio de Ucrania desde noviembre de 2013 en adelante, independientemente de la nacionalidad de los presuntos autores”, finalizó.

Concretamente, la orden de arresto obliga a los 123 Estados miembros a arrestar a Putin o Lvova-Belova si alguno de los dos viajara a su país, con lo cual no pueden ser detenidos dentro de territorio ruso o de territorio de otro Estado no miembro. Cabe recordar que la CPI no tiene su propia fuerza policial u otras formas de hacer cumplir los arrestos.

Las órdenes se dieron a conocer un día después de que una investigación respaldada por las Naciones Unidas acusara a Rusia de cometer crímenes de guerra de gran alcance en Ucrania, incluidas las deportaciones forzadas de niños en áreas que controla.

El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, elogió el anuncio de la CPI. “El mundo recibió una señal de que el régimen ruso es criminal y sus líderes y secuaces tendrán que rendir cuentas“, dijo. “Esta es una decisión histórica para Ucrania y todo el sistema de derecho internacional“.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto a Vladimir Putin por presunta responsabilidad del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y de transferencia ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia.https://t.co/FaKPPeTvLN