El futuro político y judicial de Cristina Kirchner enfrenta horas decisivas ante un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Vialidad. 

De confirmarse este martes el fallo por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, la expresidenta Cristina Kirchner sería condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El máximo tribunal está en condiciones de emitir una sentencia definitiva que podría frustrar su candidatura a legisladora por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires.

"Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera", afirmó la exmandataria ayer en la sede del PJ frente a la gente que aplaudió su intervención.

Con ese comentario, la expresidenta se animó a afirmar: "Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios".

Al finalizar su alocución dentro de la sede del Partido Justicialista, CFK salió a hablar a la gente que se agolpó en la calle Matheu: "Es imposible crecer y desarrollarse en un país que cada día se endeuda más y más y los argentinos no vemos un peso".

"¿Piensan que van a solucionar esto metiéndome presa? Entonces, dale, métanme presa", desafió la expresidenta al Gobierno y al Poder Judicial.

En caso de que la Corte Suprema rechace este martes los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner en la denominada "causa Vialidad", dejará firme la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2.

La sentencia, que había sido apelada por los abogados de la exmandataria, establece una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.  

Con esta decisión, la condena quedaría firme, aunque no se activaría una pena de prisión efectiva porque ya tiene más de 70 años.

La expresidenta quedaría legalmente impedida de presentarse a cargos públicos en futuras elecciones, salvo que una reforma judicial o política revierta el fallo.