En el marco de la causa Vialidad, los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviaron al Tribunal Oral Federal 2 el monto actualizado que deberán devolver los condenados, entre los que está Cristina Kirchner.

La cifra de $ 85 mil millones que se había determinado en la sentencia fue ajustada ahora a $ 684.990.350.139,86. La expresidenta cumple actualmente con la pena de seis años que le impusieron en su domicilio de la calle San José.

Ahora, con el informe terminado, la Justicia le dará 10 días hábiles a los condenados para que devuelvan el monto total establecido en el decomiso. Si no cumplen, comenzará la etapa de ejecución de los bienes, es decir, la subasta pública.

"Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional", se escribió en el fallo que, en segunda instancia, confirmó la condena contra la exvicepresidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El daño ocasionado se estimó entonces en $ 85.000 millones, cifra ahora actualizada por la que los condenados deberán responder solidariamente.

El cálculo inicial lo realizó el Tribunal Oral Federal 2 cuando firmó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso.

Según la sentencia que confirmó la Corte el mes pasado, Cristina Kirchner fue responsable de haber priorizado el "interés particular por encima del resguardo de los bienes del Estado". Encabezó, según determinaron, una maquinaria de corrupción que generó un perjuicio multimillonario a la sociedad en su conjunto.

Dada la condena, se establecieron una serie de puntos con los que debe cumplir la expresidenta para permanecer en su domicilio.

En primer lugar, la expresidenta deberá permanecer en el elegido, salvo "en situaciones excepcionales" que deberá informar a la Justicia y "justificar debidamente". Además, se le impuso el uso de tobillera electrónica.

En segundo lugar, pusieron una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes en el frente de su departamento. En este sentido, indicaron que "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

El tribunal también limitó la cantidad de visitas que podrá recibir. Para eso, la exmandataria tendrá 48 horas hábiles para presentar un listado de personas que estarán autorizadas a ingresar al domicilio sin autorización judicial. 

En esta nómina se incluyen familiares, custodia policial, profesionales de la salud que la asisten habitualmente y abogados que la representan. Toda persona que no está incluida en el listado deberá pedir autorización judicial.

Por último, se estableció que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión debe elevar los resultados de la supervisión cada tres meses. Allí se evaluará el grado de acatamiento de las reglas de conducta impuestas.