Sin indicios de una reforma tributaria en el corto plazo, el Gobierno redefinió la letra chica de la política antidumping (contrarrestar la competencia desleal) para inducir la baja de precios en el mercado interno. El análisis de los cambios y el impacto en la industria nacional.

Por medio del Decreto 33/2025, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno rediseñó el sistema bajo la premisa de que la combinación de "mucho antidumping y mucha tarifa es menor calidad de vida" en palabras del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Y el principal cambio tuvo que ver con la limitación temporal a las medidas antidumping. A través del artículo 31 se estableció que "todo derecho antidumping o compensatorio definitivo no podrá durar más de tres años contados desde la fecha de su imposición".

"Antes eran eternas: bicicletas, por ejemplo, tiene antidumping hace 30 años", escribió Sturzenegger en la red social X. Y seguido se refirió al segundo cambio: ahora la medida deberá contar con la validación de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor y tomar como referencia los precios internacionales.

"Hoy se daba el absurdo de que una empresa decía: "los chinos venden barato, pongamos antidumping que me permita cobrar tres veces el precio internacional"", describió el ministro sobre la situación que se busca cambiar.

Pero, ahora, se la atribuyó la facultad a la Secretaría de Comercio, a cargo de Esteban Marzorati, de dictar las resoluciones por derechos antidumping o compensatorios (provisorios o definitivos), aprueben compromisos de precios, resuelvan el inicio de examen de derechos antidumping o compensatorios, medidas de salvaguardia, entre otras funciones.

"Lo que cambió es la estructura de quienes van a manejar los estudios y análisis del dumping", afirmó a El Cronista una fuente experta en comercio exterior. A la par de cómo Comercio va a llevar a cabo y en qué plazo los trámites de regulación para determinarlo.

En cuanto al impacto, aseguró, que el principal tiene que ver con el tiempo de duración. "Ahora la medida no va a poder superar los tres años y la prórroga se va a analizar por dos más, por lo que como mucho va a estar vigente durante cinco años. A diferencia de antes que eran por cinco años y por prórroga era sine die, eterna". Y la posibilidad de participación que le dan al sector público y privado durante el trámite para que tomen una medida en conjunto.

El cambio en la letra chica de la política antidumping de este jueves suma una tensión más entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) a la que ya había por la apertura de las importaciones y la no baja de impuestos en el país.

"Queremos y podemos competir, pero en igualdad de condiciones donde nuestro costo argentino no haga inviable tal competencia", afirmó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en la Conferencia Industrial, donde no asistieron ni el presidente, Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo.

Y si bien, fuentes internas de la Unión, consideran que las modificaciones en los plazos resultan un elemento positivo que hará más ágil y eficiente el mecanismo contra la competencia desleal, consideran que la herramienta no debe ser "demonizada" como la causante de mayores precios en la industria local versus la importada.

"Es la combinación de estrategias predatorias de algunos países y la alta carga impositiva local, la falta de infraestructura, de financiamiento, los costos de energía e inestabilidad macroeconómica, lo que explica la diferencia entre productos similares", afirmó. Y que, en la actualidad, de las 94 medidas antidumping vigente, 50 son con China.

Y que aun si Argentina tuviera todas esas condiciones, se debería tener en cuenta que los países desarrollados se resguardan ante la competencia desleal. "Más de del 21% de las medidas antidumping registradas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) son de Estados Unidos, seguido por India con cerca del 14%", detalló.

Caputo y las autoridades de la UIA tienen una reunión pendiente luego de su ausencia en la Conferencia, que se postergó en diferentes oportunidades por la agenda cargada del ministro a fin de 2024, y que aún no tiene fecha.