Juan Grabois parece disfrutar cuando dispara contra sus enemigos. Sus arremetidas a veces son primitivas y otras, algo más sofisticadas. Según él, su lista de adversarios es larga. La encabezan los políticos de derecha como Sergio Massa, empresarios prósperos (siempre y cuando no sean kirchneristas) y los antiperonistas. También buena parte de la Justicia y el periodismo que no esté comprometido con relato K.

La primera mujer que figura entre sus oponentes es Patricia Bullrich. Arrebatado y sin chequear la información, el líder piquetero acusó a las fuerzas federales de pertenecer a una "dictadura" por un allanamiento nocturno que se realizó en la casa de sus principal militante, Fernanda Miño, en San Isidro.

Le pifió fulero. La pesquisa la hizo la policía de Axel Kicillof por pedido de un fiscal del Gran Buenos Aires. Incluso, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense defendieron el operativo.

Rápida de reflejos, Bullrich le enchastró a Grabois su equivocación y el piquetero tuvo que reconocer su equivocación.

Hasta ahí la cuestión de chicanas políticas pareció llegar a su fin. Pero lo que quedó latente es qué hay de atrás, si es que hay algo, de la militante de Grabois y su marido, un efectivo del Servicio Penitenciario.

Para sus propios vecinos, Fernanda Miño es la más rica de la villa La Cava. "Parece una buena piba. Vive en quizás la mejor casas del barrio y viene con autos caros y camioneta importada. Incluso, en una época, tenía hasta chofer", cuenta sin odio ni envidia, uno de sus habitantes que atiende a Clarín junto a su mujer que trabaja de panadera.

Alberto Fernández aceptó un pedido de Grabois y Máximo Kirchner para llenar de fondos públicos a la SISU, Secretaría de Integración Socio Urbana. Para eso, se utilizó un fideicomiso llamado FISU.

Fueron US$1.200 millones de dólares durante los últimos cuatro años kirchneristas para hacer obras en villas. Muchas de ellas no se realizaron y están siendo investigadas por la Justicia.

Volviendo al allanamiento en la casa de Miño, la Justicia bonaerense ordenó el operativo a raíz de un violento delito ocurrido en Tres de Febrero.

Al menos dos delincuentes utilizaron una 4x4 cuya dueña es Fernanda Miño. O al menos, eso aparece en los papeles. Es una Dodge Journey patente LCX466. Con esa camioneta le robaron, a los tiros, una moto al joven Matías Nuñez, un empleado administrativo de San Martín.

Tras el allanamiento, Miño dijo que había vendido hacía "tres meses" su camioneta pero admitió no haber hecho ni la denuncia de venta ni la transferencia.

"Si yo vendo un auto que después atropella a alguien o está metido en un choreo, lo primero que hago es correr a la justicia a decir a quién se lo vendí. Bueno, Miño nunca quiso decirnos, hasta ahora, quién fue el comprador", le dice a este diario una altísima fuente judicial del caso.

Otro funcionario judicial de la Provincia de Buenos Aires, que participó de la investigación, confirma que encontraron un arma de fuego. "Es una 9 milímetros, el mismo calibre que se usó en el violento asalto que se realizó con la camioneta donde figura Miño como propietaria", agregaron.

En la Fiscalía aclaran que no significa que sea la misma arma. "Este viernes le pedimos a la Procuración General los análisis balísticos para saber si estamos hablando de la misma arma", informaron. Los resultados estarían en un semana.

"De acuerdo a eso, vamos a pedir la declaración de Miño y de su marido, Carlos Molina". En la Justicia vuelven a resalatar sus sospechas de la militante de Grabois por el hecho de no decirles a quién, supuestamente, le vendió el auto.

"Si no nos dice, podríamos imputarla por encubrimiento. Lo que está claro es que la camioneta que figura a su nombre participó del robo. Si ella viene de buena fe, y nos dice se la vendí a tal persona. Nosotros chequeamos que sea así, y ella zafa de ser imputada", señalan.

"O se cree que está por encima de la Justicia o busca quedar imputada para armar un show de una supuesta persecución política", reflexiona un intendente peronista del GBA que conoce mucho a Grabois.