Disimulado con reclamos puntuales y genéricos al Gobierno nacional, los gremios docentes bonaerenses confirmaron que concretarán el primer paro conjunto contra la gestión Axel Kicillof en desacuerdo -también- con la política salarial de la Provincia.

Después de dos semanas de intentos de acuerdo en la paritaria, los sindicatos que integran el Frente de Unidad Gremial (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) ratificaron que el 2 de marzo, fecha prevista para el retorno de la actividad en las aulas después del verano, harán una huelga que afectará a casi cinco millones de alumnos de todos los niveles.

Hace una semana, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que preside Liliana Olivera, había marcado un sendero de confrontación: el congreso rechazó la propuesta de incremento que hizo el ministerio de Trabajo y adelantó que habría paro. Es la segunda organización de docentes de la Provincia, con más de 60 mil afiliados.

El más numeroso, con casi 115 mil maestros y profesores alineados, es Suteba, que conduce Roberto Baradel, de estrecho vínculo político con el gobernador y el kirchnerismo. La resolución de su socio gremial empujó al dirigente a sumarse a la protesta.

Para evitar la confrontación directa con las autoridades provinciales, el FUGD puso en los primeros renglones del listado de exigencias, medidas que debe resolver la administración nacional: le piden a Casa Rosada la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la mesa paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo y el rechazo al proyecto de ley de libertad educativa. Piden, además, la restitución de los fondos que Nación le adeuda a la Provincia.

Solo sobre el final, aparece el pedido de mayor aumento de sueldos para los 550 mil educadores que desarrollan sus tareas en el sistema educativo bonaerense. En las comunicaciones oficiales del frente y en los anuncios de la medida, la exigencia para la provincia está en el último ítem.

Kicillof podrá argumentar que “es un paro contra las medidas de la Nación”. Aunque en fuentes gremiales aseguran que si se mejora la propuesta de incremento de haberes que se hizo en su momento, la medida podría suspenderse.

La oferta que hicieron desde Gobernación hace 10 días preveía una mejora de 3% para febrero, con relación a las escalas vigentes. Esto llevaba a $ 762.000 el salario del maestro de grado que recién ingresa al régimen y a $ 1.524.000 al educador con jornada completa (dos cargos).

Las negociaciones paritarias que, por ahora, están suspendidas. Sólo quedan cinco días hábiles para retomar las conversaciones. La semana pasada, la Provincia decidió pagar a cuenta de futuros aumentos el 1,5% de aumento. También lo hizo con el resto de los empleados estatales que también tienen frenada la discusión.

Buenos Aires tiene 20.500 establecimientos educativos de inicial (jardines de infantes), primaria, secundaria y terciarios. Casi 6.000 corresponden a la esfera privada. Son institutos de manejo eclesiástico y de empresas educativas.

Este sistema que puede ser un país y se lleva casi un tercio de los recursos que tiene presupuestados el Estado de Buenos Aires: se acerca a los 17 billones de pesos. El 90% es para pagar salarios. Este universo deberá gestionar la flamante directora general de Escuelas y Cultura, Flaria Terigi, quien asumió en diciembre pasado en reemplazo de Alberto Sileoni. Es probable que Terigi debute con un paro en el comienzo de su primer ciclo lectivo.

Hasta ahora, Kicillof había logrado una concordancia con los docentes para mantener sin conflictos este sistema educativo que es uno de los más numerosos de Latinoamérica. Pero el año pasado comenzaron algunos inconvenientes gremiales.

La FEB había rechazado el acuerdo anterior que las demás organizaciones del FUDB aceptaron. Eso fue a fines de diciembre, cuando los docentes recibieron un aumento acumulado del 4,5% equivalente a poco más de $ 37.000 después de meses sin actualizaciones. Además, el año pasado, en mayo, convocaron a un paro de 24 horas que fue cuestionado por el gobierno bonaerense. Tanto que se aplicaron sanciones por inasistencia. Esa quita de haberes por la jornada no trabajada no se aplicaba cuando los paros eran para protestar contra políticas nacionales.

Habían asomado algunos indicios de rebelión a la gestión de Kicillof. Pero el gobernador siempre contó con el respaldo de Baradel y el mayoritario gremio del Suteba. Ese aval entró en fricción. Es que el dirigente deberá afrontar en poco más de dos meses una elección interna en el sindicato y los sectores de izquierda le marcan algunas líneas de la cancha. De hecho, algunas seccionales de la entidad están manejadas por sectores que responden al FIT. Una muestra: la filial La Matanza es conducida por Romina del Pla. “Hay mucha presión de las bases para exigir mejoras”, admiten en la entidad.

Se consolida una línea más confrontativa entre los docentes de la provincia. “Se descartó una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera, y adelantó que “el Congreso facultó además al Consejo Directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales”. Esto significa que si en la semana que falta para el anunciado paro, se concreta alguna mejora “razonable”, la conducción gremial podría retrotraer la medida. O bien, extenderla a otras jornadas de clases.

SC