En el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la Justicia condenó este miércoles a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión de suspenso.

Al mismo tiempo, absolvió a Luis López Mazzeo, miembro del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe del área de Operaciones.

Así lo dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, en la causa por la mayor tragedia naval argentina de la historia reciente en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes.

Durante la audiencia que comenzó a las 9 de la mañana, los imputados realizaron un último descargo frente al tribunal, donde aseguraron su inocencia.

El juicio oral se inició el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, y completó ya más de 30 audiencias antes de la lectura del fallo.

El proceso judicial busca determinar responsabilidades en la cadena de mandos, respecto a las deficiencias de mantenimiento, alertas y órdenes operativas durante la última misión en el Atlántico Sur.

Durante el juicio, pasasron ante el tribunal peritos técnicos, ingenieros navales, excomandantes de la fuerza, submarinistas en actividad y las máximas autoridades de la cúpula naval de 2017.

Uno de los ejes fue la documentación reservada, donde se detallaban las reparaciones previas pendientes de la nave y los mensajes de radio de emergencia emitidos durante la última navegación.

La investigación sobre el hundimiento del ARA es una de las causas judiciales y técnicas más complejas de la historia reciente argentina.

Los peritajes realizados tras el hallazgo del submarino, a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, concluyeron que la embarcación sufrió una implosión como consecuencia de la enorme presión del agua luego de perder su capacidad de mantenerse a flote.

Uno de los principales ejes de la investigación apuntó al ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación mientras el submarino navegaba en inmersión. Ese episodio habría provocado un cortocircuito y un principio de incendio en el compartimiento de baterías de proa, una situación que fue reportada por la propia tripulación antes de perderse el contacto.

A partir de ese momento, los especialistas creen que la nave inició una secuencia de fallas que derivó en una emergencia irreversible.

En paralelo, la Justicia buscó determinar responsabilidades vinculadas al estado de mantenimiento del ARA San Juan, a los controles efectuados tras su reparación de media vida y a las decisiones operativas adoptadas antes y durante la misión.

Los familiares de los 44 tripulantes sostienen desde el inicio de la causa que el desastre pudo haberse evitado y reclaman que, además de esclarecer las causas técnicas del hundimiento, se establezcan las responsabilidades de quienes autorizaron la navegación del submarino.

En una causa paralela al expediente, la Justicia investigó presuntas tareas de espionaje ilegal realizadas sobre familiares de los 44 tripulantes entre 2017 y 2018.

La pesquisa se centró en el seguimiento, la toma de fotografías, la elaboración de informes y otras actividades de inteligencia durante las movilizaciones y reuniones que los allegados mantenían para reclamar avances en la búsqueda del submarino.

El caso derivó en el procesamiento de exfuncionarios y agentes de inteligencia. Sin embargo, el juez Julián Ercolini sobreseyó a los ex directores de la SIDE (ex AFI) de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por supuesto espionaje ilegal conocida como “bases AMBA” que había instruido Alejo Ramos Padilla, luego de que la Corte archivó otra investigación del ex juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares de los 44 héroes del submarino San Juan.