Sin Alberto Fernández la maniobra de corrupción con los seguros en el Estado no habría existido. Es una de las primeras conclusiones a las que arribó el juez federal Julián Ercolini al fundamentar el llamado a indagatoria del expresidente que firmó el viernes pasado. La investigación le atribuyó un rol determinante en la maniobra que perduró desde 2019 a 2023, con recaudación y distribución de fondos públicos de forma irregular, beneficios para empresarios amigos y decisiones que los facilitaron.

El 20 de noviembre a las 10 de la mañana Fernández deberá presentarse en Comodoro Py para ser indagado. Ercolini, a quien -sin éxito- buscó apartar del expediente en más de una ocasión, lo citó para que se defienda de los delitos atribuidos en esta etapa de la investigación.

Junto con el ex presidente otras 38 personas fueron citadas como intervinientes en la maniobra defraudatoria contra el Estado que tiene bajo estudio 25 contratos que 45 organismos que firmaron pólizas con Nación Seguros, con la intermediación de brokers. Por ese motivo, el listado incluye a una gran cantidad de empresarios del rubro, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero.

El juzgado indicó que todas las personas involucradas en la causa intervinieron mancomunadamente en forma “coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

¿Qué hizo posible la maniobra? Ercolini sostuvo que varios de los imputados actuaron en connivencia con Alberto Fernández para “operar en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

La maniobra requirió de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros SA, y también de las distintas reparticiones estatales que tomaron los seguros investigados en el expediente penal.

Los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros”.

Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, “contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”, explicó la justicia.

Entre los principales beneficiados por la maniobra, se ubicó a Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello, como así también las siguientes firmas: Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bachellier SA, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros y TG Broker SA, entre otras “pertenecientes o vinculadas a los nombrados”.

El dinero destinado a los pagos de comisiones fue resultado del “direccionamiento" efectuado por distintos funcionarios, "especialmente en el caso de Martínez Sosa a través de su pareja Cantero, quien poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaria presidencial".

Un punto clave es que no se detectó ningún proceso de selección que sea transparente en las contrataciones de intermediarios y coaseguradores.

Eso posibilitó que Martínez Sosa, Castello y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros en concepto de comisiones.

El juez enfatizó que a Alberto Fernández lo unía con Martínez Sosa una ”íntima y añeja amistad”, además de la relación del empresario con la secretaria presidencial.

Como demostración de ese vínculo, se detalló la existencia de “numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.

Oscar Castello, otro de los empresarios imputados, “realizó aportes económicos para la campaña presidencial” a través de su empresa Castello Mercuri.

El, Martínez Sosa y Torres García “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Pagliano (presidente de Nación Seguros), en los negocios de la aseguradora.

A sus vez, Alberto Fernández y Pagliano compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro. El círculo se cierra.

La acusación también atribuye a Martínez Sosa una influencia clave para que los integrantes del directorio de Nación Seguros designados en mayo de 2020, perduraran en sus cargos toda la gestión de Alberto Fernández .

Esa estructura conformada con el aval del ex presidente “habrían diseñado e implantado el mecanismo de direccionamiento de las designaciones de intermediarios en los seguros de los organismos públicos, que habría sido disimulado a través de las notas de los organismos pero que en realidad las habrían fomentado desde la aseguradora”.

Las intermediaciones investigadas se iniciaron previo a la firma del decreto 823/2021 de Alberto Fernández, pero se “habrían incrementado notablemente gracias al dictado de dicha norma, que impuso formalmente la modalidad”.

Sin embargo, ese decreto fue clave porque centralizó a Nación Seguros como aseguradora oficial, la gestión y con ello el direccionamiento del universo de seguros de las entidades públicas, “con la pretensión de darle un marco de legalidad a la maniobra delictiva ideada por sus intervinientes, cuyo objetivo final era la percepción de comisiones indebidas”.

En la versión final del decreto se eliminó el punto del proyecto en el que se reglamentaba la actuación de los productores asesores de seguros, “por el cual se limitaba únicamente a los casos que ameritaran su intervención por la complejidad o volumen de los riesgos asegurados y en el que se establecía que debían ser designados por un acto administrativo del ente tomador del seguro”. Otra huella inconveniente para el expresidente.

Así, la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos quedó centralizada bajo Nación Seguros, pero también quedó bajo su órbita la gestión del vínculo con los intermediarios y el pago de comisiones a los mismos, “con total discrecionalidad y con el consecuente beneficio a los efectos de la ejecución de la maniobra delictiva”.

Si bien los organismos estatales quedaron obligados a contratar sus seguros en Nación Seguros, el juzgado aseguró que el decreto facultó a esa entidad para dar intervención a otras aseguradoras privadas en forma de coaseguro.

Esa instancia, que no se habría concretado sin el decreto de Alberto Fernández, “habría permitido concentrar en la órbita de Nación Seguros lo que definió como el “direccionamiento de la asignación de porcentajes de los contratos a las aseguradoras privadas que eran seleccionadas de forma arbitraria desde la Subgerencia Técnica Comercial a cargo de Carlos Soria”.

En la resolución judicial se utilizó una expresión para definir todo lo que el decreto firmado por Alberto Fernández propició: “un caudal de negocios”.

“Al tiempo que se desarrollaban las gestiones de las designaciones de intermediarios, la fijación de sus comisiones y el otorgamiento discrecional de coaseguros era gestionado centralizadamente desde Nación Seguros” -expresa la resolución- se inauguró otra etapa: un conjunto comunicaciones para el “direccionamiento, en las que empresarios y funcionarios interesados se contactaban informalmente con las diferentes reparticiones públicas para indicarles a qué productores de seguros debían designar”.

El juez Ercolini entiende que, aprovechándose de su investidura, Fernández “habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.

Toda la maniobra resultó en el pago de comisiones de Nación Seguros a los intermediarios por un total de 3.364.522.944 pesos: más del 87% de los $3.857.616.638,31 liquidados por la aseguradora oficial a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023.