Por primera vez Alberto Fernández, deberá presentarse ante la justicia federal para brindar explicaciones por presuntos hechos de corrupción. En el marco del a causa Seguros el juez federal Julián Ercolini lo citó a indagatoria el 20 de noviembre, acusado de haber puesto en marcha una maquinaria con direccionamientos de contratos y pagos millonarios en beneficio de un grupo de brokers de seguros. El esquema bajo investigación, contó con un eslabón determinante: un grupo de cooperativas.

A la hora de fundamentar la citación a prestar declaración indagatoria, el juez federal Julián Ercolini responsabilizó a los imputados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA”.

Una parte de los empresarios involucrados “con la connivencia de de Alberto Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”. Entre ellos, el amigo de Alberto y esposa de su secretaria histórica María Canteros, Héctor Martínez Rojas quien aportó donaciones a la campaña de Unión por Todos en el 2019, entre otros brokers.

Asimismo, el juzgado dio por corroborado en esta etapa de la investigación, que la maniobra habría requerido de la “intervención intencionall de funcionarios públicos de “NACIÓN SEGUROS S.A.” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La maniobra que involucra más de 3.400 millones de pesos abonados por el gobierno de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los brokers que intermediaron en los distintos contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA, contó con una pieza impensada: un grupo de cooperativas. Se estima que esa cifra equivaldría a más de 17 millones de dólares.

A medida que la justicia avanzó con la investigación, determinó que algunas de las compañías privadas que tomaron participación en el negocio como coaseguradoras, carecía de entidad para intervenir en dichos negocios, “toda vez que no contaban con el respaldo, trayectoria y solidez en el mercado de seguros, para la cartera u organismo que le era asignado”.

En un tramo de la resolución el juez federal Julián Ercolini, hizo énfasis en las pólizas en en las que intervinieron "SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A." y "TG BROKER S.A." como organizador y productor, y que cuentan entre sus coaseguradores con la firma "SAN GERMAN SEGUROS S.A.".

El objeto de investigación avanzó hacia el rol de las empresas coaseguradoras por parte de Nación Seguros SA, a partir del dictado del Decreto n° 823/2021 que firmó el ex Presidente, el cual dispuso que todas las jurisdicciones y entidades del Estado, “debían implementar la contratación de las pólizas” exclusivamente a través de la empresa estatal, mediante un convenio interadministrativo. Asimismo, en aquél se estableció la posibilidad de dar participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro.

La justicia determinó en el llamado a indagatoria, que las pólizas de seguros de ANSES en Nación Seguros muestran que a partir de la inclusión de San Ignacio Sociedad de Productores y de TG Brokerr como intermediarios, el porcentaje de participación de San Germán Seguros como coasegurador se incrementó. En el caso de las nuevas pólizas, San Germán Seguros se quedó con el 25 por ciento del negocio.

Las pólizas de Nación con Anses del año 2022, no registraba intermediarios. En ese período San Germán sólo tenia el 5% de participación como coaseguradora. Cuando se incorporan como intermediarios el 1 de junio de 2023, la firma triplicó su participación.

San Germán Seguros SA se creó hace doce años y declara tener “entre tres y cuatro empleados”, con una facturación anual $ 398,899,748 y $ 1,994,498,640. Frente a los primeros datos, la Justicia busca despejar algunas sospechas y si efectivamente tenía espalda financiera la compañía para hacer frente al incremento expresado en la participación como coaseguradora.

“Gracias al Decreto N° 823/2021 que canalizó la contratación pública de seguros a Nación Seguros SA como aseguradora oficial por medio de convenios interadministrativos, se centralizó la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas que tomaron participación en el negocio de seguros (en el rol de productores, organizadores y másters y coaseguradores, respectivamente)”, sostuvo el juez Julián Ercolini en su resolución.

Una de las irregularidades consignadas, y que sustenta el llamado a indagatoria, indica que no se siguieron los procedimientos de selección previstos para los contratos que celebra la administración pública “tampoco se respetó la normativa que prohíbe expresamente la subcontratación del objeto del contrato”.

Parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas y redundado en última instancia en beneficio de algunos de los intervinientes en la maniobra.

El movimiento de los fondos -indicó la justicia- “se habría justificado a partir de la elaboración de facturación millonaria de las cooperativas, tanto entre sí, como a numerosas personas físicas y jurídicas del rubro de los seguros”.

Fue cuando la justicia federal determinó el rol clave que las cooperativas tuvieron en la maniobra. A modo de referencia se explicó que el volumen de dinero canalizado a través de "7 de Mayo Cooperativa de Trabajo LTDA” en contraste con su presunta actividad lícita, un local gastronómico de tipo cervecería. Entre septiembre 2021 y marzo de 2024, declaró ventas por $ 1.653.890.625, de las que el 85% fueron a no consumidores finales y sólo 15% a consumidores finales. De ese total, $ 2.957.327 se dieron en el último cuatrimestre de 2021, $ 140.024.042 en 2022, $ 1.108.438.125 en 2023 (casi ocho veces el monto del año previo) y $ 402.471.131 en el primer trimestre de 2024.

Durante el período 01/04/2023 al 31/12/2023, la cuenta bancaria de la cooperativa registró créditos por $ 1.064.796.322 y débitos por $ 1.031.896.220; del total de créditos, $ 376.928.239 (un 35%) tuvieron su origen en ocho compañías aseguradoras.

Del mismo modo, "7 de Mayo Cooperativa de Trabajo", registró la apertura de cuentas en el Banco Credicoop el 23/02/2024, que hasta el 29/05/2024, registraron créditos por $ 122.955.313 y débitos por $ 118.873.376.

A la hora de establecer los movimientos de dinero que se observaron en la cuenta bancaria de la Cooperativa, el juzgado determinó que los movimientos de dinero fueron con: “BRI BROKERS S.A.” (al menos $ 1.959 .491 en 2022 y $ 107.770.209 en 2023), “NACIÓN SEGUROS S.A.” (por $ 1.342.199 ,99 durante 2022 y octubre de 2023), "SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A." (por $ 238.486.095,69 sólo para el segundo semestre de 2023 y enero de 2024), y “SAN CRISTÓBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES” (por $ 105.082.486,68 durante 2023).

La acusación sobre estos movimientos de dinero que la Cooperativa recibió, indica la resolución del juez Ercolini, habrían sido justificados por medio de facturación por contraprestaciones simuladas y genéricas, tales como “servicios de catering”, “servicio gastronómico integral”, “horas de servicios prestadas”, “servicios empresariales” y “servicios complementarios”.

Respecto a la responsabilidad que recae sobre Nación Seguros ante este entramado, se explicó que no se encuentra normado el criterio a través del cual se seleccionó la Cooperativa cuestionada. “No obra ningún tipo de constancia de la efectiva realización de los eventos contratados, y que la única información obrante en los sistemas es la relativa a la aprobación de las facturas, que fue realizada por Fernando Arana”, remarcó el magistrado.

No fue la única cooperativa detectada por el juzgado. La Cooperativa Irigon también es parte del esquema utilizado para el presunto desvío de fondos. “Habría comenzado a ser utilizada como un engranaje adicional de la operatoria de la Cooperativa 7 de Mayo. Un grupo de personas que no formaban parte previamente, se hicieron del control de Irigon y eran integrantes del directorio de “7 de mayo”.

Previamente, la operatoria de “COOPERATIVA DE TRABAJO IRIGOIN LTDA.” estaba reducida a la emisión de facturas por montos pequeños y a consumidores finales, y las ventas anuales en moneda constante al 30/09/2023 ascendían a $ 440.000 aproximadamente. En cambio, entre febrero y marzo de 2024, se emitieron 4 facturas por un total de $ 47.550.016, siendo dos a compañías de seguro (una de ellas es “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A .”), una a “7 DE MAYO COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.”, y la restante a una cooperativa de trabajo cuyo objeto social es el de construcción, en todos los casos con actividades sin vinculación con el objeto de “IRIGOIN”.

Finalmente, se sumó otro dato durante la investigación: La Cooperativa 7 de Mayor, habría facturado a otra Cooperativa denominada “Nuestro lugar”, al menos $ 10.585.201 entre junio y noviembre de 2023. Las facturas habrían sido contra inyecciones de fondos de “BRI BROKERS S.A.” y “TG BROKER S.A.”.