Después de casi 24 horas de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción este martes al proyecto de Ley de Bases, promovido por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa se giró de inmediato al Senado, donde deberá atravesar la segunda parte del tratamiento legislativo sin garantías de pronta sanción.

La votación en general resultó con 142 votos positivos, 106 votos negativos y 5 abstenciones. Entonces, los legisladores se abocaron sin pausa a la discusión en particular del articulado. 

El oficialismo logró aprobar los capítulos sobre privatizaciones, facultades delegadas para reorganizar y eventualmente disolver organismos públicos y una reforma laboral destinada a flexibilizar las condiciones de contratación en las empresas.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de su principal aliado, el bloque del PRO; y también con el de los dialoguistas, que incluye las bancadas de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En tanto, entre los opositores se encontraron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda, y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). El radicalismo mostró sus divisiones internas con las abstenciones de Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano, así como la de Mónica Frade (Coalición Cívica).

El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Roberto Mirabella (Unión por la Patria) y Alvaro González (PRO) se ausentaron.

Luego de la aprobación en general, el oficialismo bloqueó la posibilidad de cambios tras lograr que la metodología del articulado se realice por capítulos y no por artículos. Con un piso de 134 votos positivos, La Libertad Avanza alcanzó la aprobación de las herramientas contempladas en la renovada Ley de Bases.

El primer capítulo de la iniciativa es clave para el Gobierno, ya que incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. 

Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos. El oficialismo se impuso con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones.

De las 41 compañías que originalmente el Gobierno pretendía privatizar en diciembre pasado, debió conformarse con un listado mucho más acotado. Según la iniciativa, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. 

En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente. En tanto, el Banco Nación y sus empresas subsidiarias quedaron afuera del proyecto.

El capítulo de privatizaciones terminó siendo aprobado con 138 votos positivos, 11 negativos y 2 abstenciones.

Uno de los apartados que más discusiones generó fue el de la reforma laboral, que apunta a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas. 

Entre las modificaciones, se extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño. Asimismo, se elimina el cobro de multas a los empleadores por el trabajo mal registrado de sus empleados y habilita a las empresas (previo acuerdo con el gremio correspondiente) a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

El proyecto también incorporó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual busca generar "seguridad jurídica" mediante incentivos en materia tributaria y fiscal para desembolsos que superen los US$ 200 millones en diferentes sectores.

Otra de las discusiones se formó en torno a la derogación de la moratoria previsional, también prevista en la iniciativa. En su reemplazo, y a instancias del radicalismo, el oficialismo accedió a incluir una Prestación de Retiro Proporcional para los que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de haber cumplido los 30 años de aportes a partir de los 60 años mujeres o 65 años los varones.

Pese a las fuertes críticas de Unión por la Patria, el artículo finalmente se aprobó 125 votos positivos frente a 113 negativos.