El gobierno de Biden está manteniendo reuniones con ONGs para conseguir movilizar a la población carcelaria para que voten en las elecciones nacionales.

En marzo de 2021, el recientemente asumido presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva titulada “Promoción del acceso al voto”, que presentó como un esfuerzo “no partidista” de todo el gobierno para lograr expandir las maneras de sufragar de los ciudadanos, de manera de “ampliar las oportunidades de los ciudadanos de registrarse para votar y obtener información y participar en el proceso electoral”.

Luego de la firma del decreto, la administración Biden celebró una “sesión de escucha” con varias ONGs para poner en funcionamiento el decreto, el cual, entre otras cosas, faculta a las organizaciones sin fines de lucro a realizar campañas de afiliación y de votación en lugares donde «hay bajos niveles de acceso al voto».

Según una investigación del Oversight Project, que accedió a notas de dicha reunión, los funcionarios hablaron principalmente sobre registrar a los convictos para votar y crear una masa de votantes masiva.

Cabe aclarar que hay más de 5 millones de personas arrestadas o detenidas en Estados Unidos, lo que implica casi un 2% del padrón electoral, que de votar, certeramente lo haría por el Partido Demócrata, que tiene entre sus propuestas reducir las penas y ser más laxo con el crimen.

En una nota particular, un funcionario del Sentencing Project mencionó la importancia de que la Oficina de Prisiones notifique a los “votantes recién elegibles sobre su derecho a votar”. Ese funcionario también sugirió que “la privación del derecho al voto por un delito grave es supresión de votantes”.

Otro funcionario del Campaign Legal Center dijo que quieren que la Oficina de Prisiones implemente un sistema de registro de votantes que informe a los convictos sobre su derecho a votar después de salir de prisión.

Otras notas de la sesión de escucha se centraron en facilitar que los inmigrantes, presumiblemente ciudadanos recién naturalizados, ingresen en las listas de votantes del país.

Cabe aclarar que en Estados Unidos los presos tienen derecho al voto, pero como el sufragio no es obligatorio, la gran mayoría de los reos no lo hacen, y los niveles de participación electoral de la población carcelaria en el país es ínfima.

Un funcionario de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) dijo: “Inmigrantes y no ciudadanos: apoyamos los esfuerzos de registro de votantes. Queremos asegurarnos de que se hagan con cuidado. Todos los empleados federales deben recibir capacitación en esto. Hay que promover la necesidad de confiar en que las personas actúan dentro de los límites de la ley. Especialmente cuando hay problemas de idioma”.

Otro funcionario de Asian Americans Advancing Justice dijo que la “información de registro de votantes debería ser obligatoria en las ceremonias de naturalización” y que el sitio web oficial del gobierno para el registro de votantes debería traducirse a muchos idiomas.

El informe que reveló estas reuniones, calificó la medida de Biden como “un esfuerzo partidista de movilización de votantes” que busca “influir en el resultado de futuras elecciones mediante el uso de recursos, infraestructura y alcance federales”.