En su habitual conferencia, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno presentará cambios en el código procesal penal. Así lo anunciarán oficialmente el próximo lunes Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, y Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad.

Según el vocero presidencial, esta modificación "será un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado". Además, el ministro de Justicia confirmo en su cuenta de X (antes Twitter) que se firmó un pacto con Procuración General de la Nación de cara a la implementación del Código Procesal Penal Federal.

El Gobierno presentará cambios en el código procesal penal.

Según adelantó Adorni, con este cambio "los fiscales van a investigar más y mejor, los jueces van a decidir más rápido porque todos los casos se van a resolver en audiencias orales y públicas sin expedientes escritos que se acumulan en una carpeta en los diferentes juzgados".

Además, aseguró que "se proyecta que el sistema acusatorio funcione en todo el país y que todos los argentinos tengan una justicia más eficaz".

Por su parte, Cúneo Libarona utilizó su cuenta de X y afirmó que se firmó un "convenio con Procuración General de la Nación para garantizar la adquisición de equipamiento tecnológico, asegurar capacitaciones e impulsar reformas edilicias necesarias para el sistema acusatorio", de cara a la implementación de Código Procesal Penal Federal.

Para evitar que los presos sigan ordenando crímenes o estando al frente de negocios ilegales desde las cárceles, el Gobierno estableció una serie de medidas para controlar las comunicaciones de aquellos que son de alto riesgo.

A través de la Resolución 297/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad fijó normas que regirán las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal.

Según explicaron, en la actualidad los internos de alto riesgo pueden comunicarse a través de un teléfono público, de uso compartido, unidireccional, que se encuentra instalado en el interior del pabellón. Sin embargo, el empleo de ciertas tácticas permiten sortear las restricciones establecidas en las comunicaciones.

Por esta razón, la Procuración General de la Nación recomendó reforzar el alcance de las medidas previstas en el Sistema con relación al control de las comunicaciones telefónicas. Ahora, el teléfono público se ubicará fuera del sector de alojamiento y cada uno de los internos de alto riesgo "podrá comunicarse telefónicamente a través de la/s línea/s autorizada/s, una vez por semana, en un día y horario fijos y determinados en forma previa".

"En cada turno semanal, el interno dispondrá de un período máximo y total de 20 minutos para realizar comunicaciones telefónicas a través de las líneas autorizadas en forma previa", sostiene el texto oficial.

Además, se fijó que las comunicaciones telefónicas las realizará personal de custodia a efectos de comprobar si el receptor -previamente identificado- está dispuesto a recibir la llamada.